Los Letrados de la Administración de justicia, han llevado a cabo la amenaza de promover las acciones legales pertinentes con el fin de que se cumpla el acuerdo que puso punto final a la huelga.
Los LAJ han emitido un comunicado en el que han indicado que, aunque el secretario General Manuel Olmedo, aseguro el 3 de julio de 2023 que el Decreto de sustituciones sería aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, finalmente no ha sido así por orden directa de Moncloa.
Aparentemente el Ministerio de Pilar Llop y el propio gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar la ineptitud que les caracteriza en cuanto a las gestiones de España, especialmente, en lo referente a justicia.
El Decreto podría producir un importante ahorro para las arcas públicas, algo que tampoco es característico del gobierno presidido por Pedro Sánchez, sin embargo, además del despilfarro demostrado en la etapa de gobierno, la Administración de Justicia en España, y, en consecuencia, la justicia, a sido sometida a un ataque que ha ocasionado unos daños que actualmente los juristas no podemos calibrar la magnitud del menoscabo.
Según declaraciones de los Letrados de la Administración de Justicia, las asociaciones iniciaran las acciones legales oportunas para que el acuerdo que puso fin a la huelga se cumpla sin más dilaciones.
Los LAJ harán una concentración el próximo 21 de julio de 2023 en Logroño, en donde denunciarán ante los ministros de Justicia europeos que se reunirán allí, la extrema situación de gravedad en la que Pilat Llop y el gobierno de Pedro Sánchez están dejando a la Administración de Justicia, la que ya pasara a la historia como el momento más negro y conflictivo de la justicia española.
Los Letrados de la Administración de Justicia insisten que nunca pudieron imaginar que tendrían que enfrentarse a un gobierno que constantemente miente, sin olvidar que desde mayo incumple los tramites, y en donde se ha retirado el Decreto de sustituciones en dos ocasiones desde el propio Consejo de Ministros, saltándose una serie de tramites reglados y aprobando ofertas de empleo público que a juicio de los LAJ son contrarios a la ley.
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